La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; el Claustro de Docentes e Investigadores “Por la Tradición Jurídica de Michoacán”, la Academia de Derecho del Trabajo, la Academia de Derecho de la Seguridad Social, la Academia de Derecho Económico, las Academias de Derecho Internacional Público y Privado, las Academias de Derecho Penal I y II, la Academia de Filosofía del Derecho, la Academia de Derecho Agrario, la Academia de Introducción al Estudio del Derecho, el Cuerpo Académico “Derecho, Estado y Sociedad Democrática”,  la Coordinación General de Licenciatura, la Coordinación del Sistema Abierto; el grupo Doctoral del programa de Doctorado “Sociedad Democrática, Estado y Derecho” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, el Centro de Investigaciones y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), la Red de Investigación “Transformaciones Jurídicas” de la Universidad Veracruzana, la Universidad Latina de América, el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos(Madrid), el Departamento de Gestao del Instituto Superior de Economía e Gestao (ISEG,Lisboa) el H. Congreso del Estado, la Secretaría de Salud en el Estado, la Secretaría del Migrante y el Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo

En el marco de las actividades del

SEMINARIO PERMANENTE DEL BICENTENARIODE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓNDE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

INVITAN AL SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL

“GLOBALIZACIÓN, MIGRACIONES YDERECHO DEL TRABAJO”

A celebrarse los días 27 y 28 de mayo del presente año 2010 en la SalaMiguel Mesa del Edificio Central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Av. Tata Vasco 200, Morelia, Michoacán , México.

Grandes Ejes Temáticos:1.- Globalización; 2.-Sustentabilidad; 3.-Derechos Humanos; 4.-Derecho Internacional; 5.-Derecho Laboral y de la Seguridad Social; 6.-Migraciones y Políticas Transfronterizas ; 7.-Políticas Públicas y Migraciones

Envío de ponencias (Título y abstract ; máximo 2 autores por cada ponencia): hasta el 15 de abril 2010, al correo:seminariointer.migraciones@gmail.com

El Dictamen de Aceptación del Comité de Organización será comunicado por correo electrónico a los autores: el 20 de abril de 2010

Envío del texto final de las ponencias para su inclusión en la Memoria Electrónica del Seminario Internacional: hasta el 30 de abril de 2010, vía e-mail : seminariointer.migraciones@gmail.com

Costo: gratuito

Informaciones: claustroacademicosderecho@gmail.com ;seminariointer.migraciones@gmail.com

 

ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD Esta comunicación contiene información que expresa el pensamiento del remitente. Es para el uso exclusivo del receptor previsto. Si usted no es el receptor previsto, observe que cualquier distribución, reenvío, copia o uso de ésta comunicación o de la información en ella, atenta contra la confidencialidad de las comunicaciones. Dra. Teresa M. G. Da Cunha Lopes Profesora-Investigadora Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Centro de Investigaciones Jurídicas UMSNH

website: http://www.themis.umich.mx

Blog: http://mexicolaw.blogspot.com/

e-mail: tdacunhalopes@gmail.com, cursos@www.themis.umich.mx

Telef.: 443- 3131412 ext. 22 Av. Tata Vasco no.200 Morelia, Mich. México

Como seguramente es de tu conocimiento, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para que a través de adecuaciones al régimen de inversión de las afore, puedan crearse alternativas de financiamiento antes no disponibles en nuestro país, que permitirán apoyar inicialmente inversiones hasta por 80 mil millones de pesos en el área de infraestructura, beneficiando a los trabajadores y permitiendo el impulso al financiamiento de proyectos productivos.

Según comunicado de prensa del 1º de octubre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “las Afores podrán invertir en instrumentos estructurados que les permitirán participar de los flujos generados por distintos proyectos, destacando los de infraestructura. Además, los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro también podrán invertirse en acciones fuera de índices, para que las AFORES puedan participar en ofertas públicas iníciales de empresas con gran potencial de crecimiento, cuidando en todo momento los recursos de los trabajadores.”

Sigue diciendo el comunicado que actualmente, las Afores cuentan con hasta 80 mil millones de pesos para invertir en infraestructura y proyectos productivos, monto que se espera se incremente anualmente en alrededor de 15 mil millones de pesos en los siguientes tres años, alcanzando un potencial de 125 mil millones de pesos en 2012.”

En contradicción con el párrafo anterior, se dice que en “estos momentos, se encuentran en proceso de preparación para su colocación proyectos por alrededor de 40 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 30 mil millones de pesos son para infraestructura. En este sentido, el Fondo Nacional de Infraestructura aprobó recientemente participar en uno de estos proyectos, el cual planea invertir 15 mil millones de pesos y que detonará inversiones por 45 mil millones de pesos.”

En una nota enviada el 4 de octubre al Dip. Uriel López Paredes, Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, le hice ver que a propósito de la nota publicada en esta fecha en el sentido de que el Ejecutivo Federal envió al Congreso para una reforma legal, posiblemente a la Ley del SAR, para que los fondos pensionarios de los trabajadores puedan invertirse en instrumentos de mercado que les permitan participar en los flujos generados por los distintos proyectos productivos en forma especial en los de infraestructura donde “se brindará la mayor seguridad a los recursos de los trabajadores invertidos en estos instrumentos, pues los proyectos que serán financiados deberán cumplir una serie de medidas rigurosas, con prácticas de gobierno corporativo y estándares de transparencia que permitan un acceso absoluto a la información de los proyectos, de su manejo operativo y de su manejo financiero”, prometió el jefe del Ejecutivo Federal.

Es importante recordar que el artículo 43 de la Ley del SAR dispone que: “El régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente a través de su colocación en valores, a fomentar:

a) La actividad productiva nacional;

b) La mayor generación de empleo;

c) La construcción de vivienda;

d) El desarrollo de la infraestructura estratégica del país; y

e) El desarrollo regional.

“Las sociedades de inversión deberán operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión que mediante reglas de carácter general establezca la Comisión, oyendo previamente la opinión del Banco de México de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y de Vigilancia, debiendo ser favorable ésta última.

“Los instrumentos de deuda emitidos por personas jurídicas distintas al Gobierno Federal deberán estar calificados por empresas calificadoras de reconocido prestigio internacional. Las acciones deberán reunir los requisitos de bursatilidad y las demás características que establezca la Comisión.

“Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión oyendo la opinión del Comité de Análisis de Riesgos podrá prohibir la adquisición de valores cuando a su juicio representen riesgos excesivos para la cartera de las sociedades de inversión. Igualmente, la Comisión, oyendo la opinión del Comité de Análisis de Riesgos podrá emitir reglas para recomponer la cartera de las Sociedades de Inversión cuando se incumpla el régimen de inversión y fijará el plazo en que las sociedades de inversión deben recomponer su cartera de valores.

“La Comisión queda facultada para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica o se constituyan riesgos comunes para una sociedad de inversión.

“Asimismo, la Comisión podrá establecer dentro del régimen de inversión los requisitos que deberán reunir los trabajadores para invertir en determinadas sociedades de inversión”.

Además, el artículo 286 C ordena que el Instituto cuente con una unidad administrativa que de manera especializada se encargue de los recursos y los mecanismos que se deberán utilizar, “bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, diversificación de riesgos, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional, procurando una revelación plena de información”. El artículo 286 E establece que la inversión de las reservas financieras y actuariales y la reserva general financiera y actuarial podrán invertirse en valores, títulos de crédito y otros derechos que se determinen en el Reglamento, “buscando, así como la diversificación de riesgos posibles en términos de la mayor objetividad, prudencia y transparencia”

Como puedes ver la Ley es muy específica en procurar la protección y defensa de los fondos pensionarios; cualquier variación debe verse no sólo con cuidado sino, considerar su intención; te recuerdo que el año pasado las SIEFORE resintieron una minusvalía de más de noventa mil millones de pesos, lo que seguramente afecto a la SIEFORE 5, sin posibilidad de una recuperación cierta y que beneficie a los trabajadores. A la fecha no se ha determinado la forma, el modo y el término en que esa minusvalía se recupere, por lo que cualquier disposición que varíe la condición de las inversiones, como se pretende, por 80 mil millones de pesos en el área de infraestructura, debe precisar el método de inversión en infraestructura y la forma de recuperación.

Te recuerdo también que más del 70 % de la cuota destinada al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se ha invertido en valores del Gobierno Federal, por lo que economistas y actuarios consideran que la suma correspondiente forma parte de la deuda pública interna.

Por lo anterior, solicito tu valiosa opinión al respecto para integrar el estudio que presentaremos a la Cámara de Diputados y después al Senado de la República, puede estimarse que la inversión en infraestructura es conveniente, siempre que se haga en los términos apuntados de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

En espera de tus comentarios te saludo atentamente.

05 de octubre de 2009

ALBERTO BRICEÑO RUÍZ

Por el Act. José Enrique Peña Velázquez
Email: jepv2006@prodigy.net.mx

En el “A Global Risk Network Report” del 2009, editado recientemente por el Foro Económico Mundial sobre los 36 riesgos de tipo económico, geopolítico, ambiental, social y tecnológico, pone de manifiesto, entre los tres riesgos económicos más virulentos, a nivel mundial, el riesgo del colapso de los activos financieros, estimando sus daños en más de un trillón (americano) de USD$.

Además de ser ésta la mayor severidad de todos los riesgos calificados, la opinión de los expertos le otorga la calificación adicional de que ha crecido en relación con el año anterior y seguirá estable con una probabilidad de más del 20%.

En el campo del sector de los seguros, añádanse a este colapso dos factores. Uno, la gravedad concomitante inevitable de los factores demográficos (envejecimiento de las sociedades) que han venido a ser los causantes de pasivos no cubiertos en los sistemas de la seguridad social y salud pública. El otro factor adicional ha venido a ser la presión sobre los sistemas fiscales y que se verá exacerbado por los paquetes de rescate y programas fiscales para poner en marcha el crecimiento.

El alcance inmediato de este colapso financiero se ha ya resentido en y por las inversiones hechas con los valores de las diferentes reservas de los planes de pensiones privados y de los estatutarios, en su caso, pues son las que de inmediato han sufrido el efecto corrosivo de esta vorágine financiera.

En el último reporte de la OECD (2009) denominado: “PRIVATE PENSIONS OUTLOOK 2008”, ya se confirma el hecho de que, desafortunadamente, los últimos diez años correspondieron a un período de turbulencia en los mercados financieros y la economía mundial.

La “tormenta perfecta” que sufrieron los fondos de pensiones al comienzo del milenio ha sido ampliamente superada por la crisis actual, según palabras textuales de la OECD y añaden: “Con la caída del valor de los activos en, promedio, un 20% en los países de la OCDE entre enero y octubre de 2008, la crisis actual ha afectado a los ahorros para la jubilación de millones de personas de todo el mundo”.

En la figura S.2, se muestra un rendimiento nominal de menos 5% para México al período Enero-Octubre del 2008. Rendimiento real, de menos 10% a menos 11%, ya considerando la inflación. Cabe puntualizar que al cierre de octubre se tenía el peor panorama, pues las minusvalías de ese mes fueron las más grandes de 2008 (102 mil millones de pesos según medios y declaraciones de algunos miembros del Congreso de la Unión) y que, durante los meses siguientes, parte de esa pérdida se redujo en diciembre del mismo año.

Incluso, si a largo plazo las cifras de los resultados de las inversiones siguen siendo relativamente sanas, los trabajadores están preocupados sobre la seguridad de sus pensiones y existe una creciente presión sobre los gobiernos para que actúen sobre el particular.

Otro tema de todos conocido es que los bufetes de consultoría laboral y legal europeos, junto con algunos otros de Norte América, han sido los primeros en recibir un alud de demandas de los trabajadores y pensionados contra las empresas, por el no pago, reducción o retención del pago de pensiones y salarios, en su caso.

Es difícil predecir el impacto de este colapso financiero en Latino América y en México, en particular. Sin embargo, en lo que se refiere a las pensiones y sus reservas, la normatividad de las inversiones de los planes privados de pensiones mexicanos es conservadora y lo mismo dígase de las políticas de inversión de los sistemas de seguridad pública de nuestro país.

Sin embargo, la situación que prevalece en la economía, con un peso depreciado y la incertidumbre sobre el comportamiento de las variables económicas, tanto de crecimiento como de inflación y tasas de interés, es resultado simplemente de que a México lo alcanzó el mundo.

Ante esta emergente situación las autoridades de nuestro país debiesen no perder los objetivos y principios inherentes a la seguridad social, cuya implementación de acciones es de largo plazo.

Resistir y no ceder al apremio de dar soluciones políticas de corto plazo como son las varias iniciativas propuestas por el Ejecutivo, pues de ninguna manera van a resolver de fondo “la economía familiar y el empleo”, por un lado; y, por otro, tener perfectamente claro que los retiros parciales que realicen los trabajadores repercutirán en su contra, en el largo plazo, ya que esos retiros complicarán aún más el proceso jubilatorio, al reducir tales retiros la de por sí comprometida cuantía de la pensión.

Lo anterior se da en vista de que los sistemas públicos de contribución definida solo entregan beneficios en función de los distintos insumos que reciben, de las condiciones en que operan y de los retiros parciales que sobre sus fondos hagan los trabajadores.

Otro exhorto a las autoridades mexicanas sería el que continúen con las reformas necesarias para que todos aquellos planes de beneficio definido que siguen existiendo en muchos organismos públicos, tales como empresas paraestatales y gobiernos locales, pasen al esquema de contribución definida, pues son una importante fuente de desahorro interno y de presiones sobre las finanzas públicas.

También, el continuar con el fortalecimiento del actual sistema de pensiones del IMSS de contribución definida y con garantía de una pensión mínima, pues no sólo porque ha venido a fortalecer a la Seguridad Social en México con mecanismos transparentes y económicamente viables para acumular los recursos necesarios para el financiamiento de las pensiones, sino también porque orienta los apoyos del Estado hacia las personas de menores recursos mediante la cuota social e incorpora los importantes derechos de propiedad y portabilidad de fondos para los trabajadores afiliados.

Además, el supervisar y controlar con un mucho mayor compromiso, por una parte, la fijación de las comisiones, cosa que ya se viene realizando; y, por otra, los gastos de promoción, publicidad y todos aquellos que tengan el tinte de gastos de adquisición, buscando la reforma necesaria para que estos últimos gastos de promoción y publicidad se carguen directamente al Capital de los accionistas y no a la operación propia de la administración de fondos para el retiro. La razón es muy sencilla. Si los accionistas buscan atraer más afiliados, más cuentas, más fondos, más utilidad derivada del volumen de cuentas que manejan, que cada AFORE incurra en los gastos conducentes, pero con el dinero de su propio peculio y no sigan utilizando el dinero de los trabajadores. De esta forma, su actuación en este campo quedaría bajo su propia cuenta y riesgo y el nivel de las comisiones que cobran por sus servicios de solamente administrar fondos se vería reducida en una cuantía importante, en beneficio de los trabajadores.

Ahora, en el campo de la salud de la seguridad social, la opinión de los expertos del Foro Económico Mundial ha venido identificando, dentro de los riesgos globales que afectan a la sociedad, no solo las tendencias de hechos observables en el mundo entero sino también los retos que surgen de esas tendencias, resumiéndolos en un formato con la suficiente especificidad para estar abierto a un nivel de evaluación en cuanto a probabilidad y severidad relativas, en un lapso de 10 años, como base para la toma de decisiones.

Entre esas tendencias, retos y riesgos de efectos desastrosos para la sociedad, en cuanto a pérdida de vidas, dinero y esfuerzos, en un lapso de 10 años, se mencionan las siguientes:

1. Una mayor interconexión de los sistemas sociales da pie a la cuestión problemática potencial de patógenos de desplazamiento acelerado, cuyo riesgo es una enfermedad pandémica que se trasfiere de la población animal a los seres humanos, con altas tasas de mortalidad y transmisión ulteriores.
2. La prevalencia de enfermedades infecciosas en el mundo desarrollado como es el SIDA, entre otros.
3. La carga en aumento de enfermedades crónicas en el mundo desarrollado, entre las que se cuentan la combinación de obesidad/ diabetes/ enfermedad cardiovascular, y
4. Una expansión nacional e internacional de la exigencia y demandas a la responsabilidad civil profesional de todos los servidores y proveedores del sector salud, que reduce la capacidad de aseguramiento global y que socava la inversión y el crecimiento.

Ni duda cabe que guardadas las debidas proporciones también estas tendencias, retos y riesgos globales ya nos han alcanzado, sin poder precisar su nivel y profundidad, por el momento, pero agravadas en México, en lo económico, por el desempleo y la pobreza, que impiden enfrentar los incrementos en los costos y gastos de salud, validados o no por este colapso financiero mundial; y, en lo demográfico, por el envejecimiento de las sociedades, al aumentar la esperanza de vida.

Detallemos un poco más lo dicho en el párrafo anterior:

La transición demográfica ha generado un proceso de envejecimiento en la población mundial. Este fenómeno, sin embargo, no es privativo de México.

De acuerdo con un análisis realizado por el Comité de Seguridad Social del IMEF, en un comparativo entre nuestro país, Brasil y Argentina, la pirámide de la esperanza de vida tiende a incrementarse de manera similar.

Otro punto a considerar es la tasa de dependencia senil que ha venido a afectar los esquemas de reparto, como se muestra a continuación:

Los ancianos como regla general siguen financiados por los jóvenes. Esta “financiación de los mayores por los jóvenes” se está debatiendo actualmente con fuerza en Japón y en muchos otros países, como también en Alemania.

En estos países, normalmente, se hacen llamamientos a aumentar la contribución financiera de la generación más anciana. En México, tarde que temprano, llegaremos a esta discusión y toma de decisiones, so pena de sufrir el desastroso impacto predicho por las pirámides poblacionales de años recientes y las del 2025 y 2050.

Para el Gobierno, esta transición representa una presión financiera importante por dos razones fundamentales: en el gasto, hay un mayor costo médico para atención de adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas; en el ingreso, el actual sistema no puede financiar estos requerimientos, ya que la relación entre cotizantes y derechohabientes ha disminuido notablemente, máxime ahora con la cancelación de puestos de trabajo, realizados por las empresas en estos días, a consecuencia de la crisis financiera mundial.

La aceleración del envejecimiento también someterá indudablemente a la asistencia médica y hospitalaria a ulteriores presiones de ajuste, lo que se muestra en la diapositiva siguiente:

Los perfiles de gasto de las compañías de seguros de gastos médicos, según la edad, muestran que el gasto en salud es más alto cuanto más anciano es el asegurado. Sin embargo es discutible la conclusión de que esto funcione de igual forma para una sociedad envejecida. Algunos estudios sugieren que el gasto en salud depende más de la cercanía a la muerte que de la edad absoluta del asegurado.

En el caso de México, tenemos alta incidencia de enfermedades como la diabetes que grava a la persona a lo largo de toda la enfermedad. Además, que lo incapacita, poco a poco. Por consiguiente, los cuidados de largo plazo serán otro problema, tal y como lo mencionan los reportes del Foro Económico Mundial al mencionar la combinación de obesidad/ diabetes/ enfermedad cardiovascular.

Viene muy al caso, comentar que la primera conclusión de las investigaciones realizadas, en el Colegio de la Frontera Norte, es que la población mexicana transitará de la vejez a la longevidad, acumulándose en edades extremas, que ponen en entredicho la promesa de atención a la salud, de pensiones y de equidad social.

El conteo de 1995 enumeró a 14046 personas de 100 años o más de edad y en el de 2000 se censaron 19757, en este grupo de los llamados centenarios y centenarios plus.

La segunda conclusión de las investigaciones realizadas, en el Colegio de la Frontera Norte, es que la transición a la salud irá hacia las enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes. Al paso del tiempo, la esperanza de vivir sanos, en un estado de salud, se va acortando, iniciándose así una transición hacia la incapacidad y después, hacia la muerte. Lo podemos apreciar en las cuatro siguientes diapositivas:

Muchos analistas económicos de la salud han sostenido el punto de vista de que no es la estructura de edades de una sociedad en sí misma la que determina el gasto sanitario, sino principalmente los avances en la tecnología médica, que sólo en raras ocasiones dan como resultado innovaciones que recortan el gasto y con mucha más frecuencia innovaciones que elevan los costos.

Incluso así, la cuestión importante que surge en estos momentos de crisis económica mundial es quién financiará, y cómo, el volumen creciente de servicios profilácticos, médicos y de curación de la seguridad social.

Debe recordarse en este contexto que los límites al gasto que defienden nuestros actuales legisladores del Congreso de la Unión suelen ser, las más de las veces, inapropiados. Después de todo, existe el riesgo, de que no se materialicen los nuevos bienes y servicios, y no logren salir a la luz las innovaciones, por las que los individuos habrían estado dispuestos a pagar.

Además del agravante de la hipótesis de que el coste por motivos demográficos está adquiriendo mayor peso, los gastos en salud seguirán subiendo.

Tomemos como ejemplo, el caso del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) del IMSS, en su ramo de trabajadores en activo, el cual experimentará un déficit anual creciente en los próximos 42 años.

El reporte actuarial respectivo menciona que dada la estructura actual de contribuciones, estos desequilibrios financieros de largo plazo se deben básicamente a que i) sus costos laborales son relativamente altos y crecientes, debido a que este seguro emplea una proporción alta de los trabajadores del IMSS y se asigna una proporción elevada de las obligaciones del RJP; ii) se estima que el precio de los medicamentos estará por encima del nivel de inflación general. En este sentido se adopta el supuesto de que los precios de los medicamentos crecerán en términos reales a un ritmo de 3.5 por ciento anual por los siguientes 25 años, y sólo a partir de entonces el incremento en precios comenzará a estabilizarse gradualmente hasta disminuir a una tasa de crecimiento de 1.5 por ciento anual; iii) el envejecimiento poblacional implica que irá aumentando el número de personas en edad avanzada cuyo costo de atención médica es más elevado; y a que iv) una parte importante de la estructura de los ingresos por contribuciones al SEM depende de la evolución de la inflación y del salario mínimo, por lo que si los salarios de cotización crecen más rápido que los otros dos, como se establece en los supuestos de la proyección, se erosiona la base de ingresos de este seguro como proporción de la masa salarial.

De mantenerse la actual estructura de contribuciones por sujeto obligado, el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) del IMSS no será capaz de generar una reserva que le permita en un futuro igualar sus ingresos con sus gastos.

El ISSSTE y el Seguro Popular se encuentran en situación similar, lo que se puede corroborar de manera fehaciente en los sitios WEB respectivos.

CONCLUSIÓN.

La Seguridad Social en México (Salud y Pensiones), sigue quedando en entredicho debido a los diversos factores ya mencionados en este apunte, en particular, y que hemos traído desde hace ya varios lustros; y, también, por qué no decirlo, por el impacto y las consecuencias últimas derivadas de la crisis financiera mundial dentro del escenario de las finanzas de las empresas mexicanas, que redundan en despidos de personal, no creación de fuentes de trabajo y por ende, en la reducción de afiliados y pagos de cuotas a los diferentes sistemas públicos de salud y pensiones.

Dicho en forma simple y detallada:

• No hay suficientes activos para financiar los pasivos y hacer frente al gasto, en las Instituciones de Seguridad Social, así como para hacer frente al pago de otras obligaciones con cargo al Gobierno Federal.
• Existen diversos planes públicos de pensiones que si bien en su diseño presentan características diferentes en términos de los beneficios y los requisitos para tener derecho a ellos, en todos es común hablar de un déficit actuarial, que seguirá representando una deuda del Gobierno Federal.
• La Seguridad Social, – vía todas sus vertientes conocidas de protección a la salud, como son: IMSS; ISSSTE, Paraestatales, Estados y Municipios, Universidades y, también por qué no incluir al Seguro Popular. . ., y de seguir manteniéndose dentro de ellas la actual estructura de contribuciones a la cobertura de enfermedades y maternidad -, no será capaz de generar una reserva que le permita en un futuro igualar sus ingresos con sus gastos.

Finalmente, como cierre de este apunte, podemos quedarnos con estas cuatro ideas finales sobre los alcances del colapso financiero mundial sobre la ya existente problemática tradicional de nuestra seguridad social:

• PRIMER ALCANCE: Las minusvalías ocurridas dentro de las inversiones de los fondos de los trabajadores, ratificadas por la OECD, cuyo rendimiento nominal de menos 5% para México al período Enero-Octubre del 2008. Rendimiento real, de menos 10% a menos 11%, ya considerando la inflación.
• SEGUNDO ALCANCE: El incremento en la presión fiscal para el Estado en el pago de las pensiones y atención a la salud, exacerbado por los paquetes de rescate y programas para poner en marcha el crecimiento.
• TERCER ALCANCE. El peligro y tentación de la toma de decisiones gubernamentales sobre medidas de corto plazo y
• CUARTO ALCANCE: El impacto dentro de las finanzas de las empresas mexicanas, que redundan en despidos de personal, no creación de fuentes de trabajo y, por ende, en la reducción de afiliados y pagos de cuotas a los diferentes sistemas públicos de salud y pensiones”.

En esta vorágine del colapso de activos financieros, de minusvalías en perjuicio de los trabajadores, de reformas incompletas instrumentadas, de tentaciones de caer en toma de decisiones de acciones de corto plazo, no queda más que apoyar y repetir casi al pie de la letra, el final de la ponencia, que la Maestra Berenice P. Ramírez López expresó en su pasada ponencia del día 11 de febrero del 2009, en el Congreso de la Unión, durante el Foro: – “México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?”-, . . . Final que, en mi opinión, no solo fue valiente sino también preciso y conciso, el cual, palabras más, palabras menos, podemos sintetizar en lo siguiente. . . .

“Por último y no menos importante, exhortar a nuestras autoridades a establecer un Sistema Nacional de Salud y Pensiones. En primera instancia, creando una comisión de expertos que realicen un diagnóstico integral del estado que guarda la seguridad social, los efectos y resultados de las reformas ya instrumentadas; y, en segunda instancia, que los legisladores promuevan los cambios y modificaciones necesarias para lograr una seguridad social que garantice cobertura y calidad.

Obvio que todo el diagnóstico que resulte deberá ponerse a discusión para consensuar nuevos pactos sociales y una nueva institucionalidad, pues se trata de nuevas relaciones sociales y económicas entre generaciones y grupos que, en una renovada política de Estado y de seguridad social, garanticen equidad, solidaridad y redistribución del ingreso”.
México, D. F. Marzo 7 de 2009. FIN.

BIBLIOGRAFÍA:

1. “PRIVATE PENSIONS OUTLOOK 2008”, OECD (2009).

2. Texto digitalizado de la participación de la Maestra Berenice P. Ramírez López en su ponencia del día 11 de febrero del 2009, en el Congreso de la Unión, durante el Foro: “México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?”

3. Hacia el fortalecimiento de los sistemas de pensiones en México: Visión y propuestas de reforma. Adolfo Albo. Fernando González. Ociel Hernández. Carlos A. Herrera. Angel Muñoz. Primera edición 2007. BBVA. Bancomer. S.A.

4. Boletín técnico. IMEF. NUM. 25 / 2004. Reformas Pensionarias en Diferentes Países y Regiones. Comité Técnico Nacional de Seguridad Social.

5. Reporte Actuarial sobre la Solvencia, Riesgos y Reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social al 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

6. Biblioteca de Boletines del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF. Series: Año 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

7. Reformas a la Ley del ISSSTE. Dr. José Antonio González Anaya. XVI Convención Nacional de Aseguradores. 12 de Septiembre del 2006.

8. Presentación al Senado de la República sobre Tasas de reemplazo para los trabajadores afiliados al SAR. CONSAR. Agosto/ Septiembre 2006.

9. Apuntes técnicos de la primera Convención Nacional Hacendaria. Mesa III, Comisión Técnica de Pasivos Contingentes. Páginas 48, 50 y 51 del documento original del 2002 y Declaratorias 2006. Desarrollo Humano y Bienestar Social.

10. Dr. Santiago Levy. Presentación de la problemática de la Seguridad Social. Hotel

La reducción en la actividad económica se ha estimado ahora por el IMEF con un efecto negativo sobre la recaudación contemplando una reducción de hasta 0.5% en la tasa del crecimiento, lo que llevaría a una menor recaudación por 10 mil millones de pesos. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá por tanto una disminución en el pago de las cuotas.

El descuento del 20% de las cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (excepto en retiro, cesantía en edad avanzada y vejez), para las empresas acotando a un máximo de 35 mil pesos por cada una, se estima insuficiente y discriminatorio al ser sólo en un bimestre, tener el tope señalado y no abarcar cada uno de los seguros, lo que implica que el pago del 6.5% del salario por el seguro de r.c.v. que se entrega a las sociedades civiles de capital variable, afore, no ha variado.

El IMEF y la Academia consideramos que el apoyo debería ser en función del número de trabajadores, además de que el efecto negativo en las actividades económicas por el tema de “brote de influenza” no durará solamente un bimestre, por lo que resulta necesario ser realistas y considerar que la consecuencia del efecto negativo durará algunos meses más.

Les recordamos tomar las medidas de prevención adecuadas, procurando no lesionar la fuente de trabajo y aprovechar todas las facilidades, por mínimas que éstas sean, que puedan dar las autoridades, sean éstas del ámbito federal, estatal o municipal.

Han transcurrido ya más de 100 años, y muy poco o más bien dicho casi nada de aquella epopeya de dignificación y resistencia de la clase obrera de 1886 se recuerda.

El primero de mayo hoy en día ha perdido su significación, en la mayor parte del mundo es tan sólo un día que no se trabaja; en algunos países como en varios estados de México se asiste a marchas y demostraciones en donde quizás, como se ha hecho durante décadas se seguirá cumpliendo la tradición.

Olvidándonos que ese día la clase trabajadora de todo el mundo, recuerda a los Mártirez de Chicago, quienes abanderaron con sus actitudes postreras la jornada laboral de 8 horas diarias, el derecho a huelga, la libertad de expresión y de reunión, pero sobre todo el derecho a una vida humana justa.

La sangre derramada en esa matanza, ocasionada por la represión a una gigantesca huelga de una justa protesta, fructificó en las conquistas de la clase obrera de todas las naciones.

El día del trabajo fue creado en el Congreso Obrero Internacional de 1889 en París, Francia.

En México en 1892, en la ciudad de Chihuahua tuvo lugar la primera celebración del día del trabajo, pero no fue sino hasta el año de 1913, siendo presidente de la república el General Victoriano Huerta, cuando se celebró por primera vez en México el día del trabajo.

I. REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, RELATIVAS A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO.

El día jueves 12 de marzo de 2009 fue aprobado por la Cámara de Diputados, en lo general, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, por una mayoría de 280 votos a favor.

En el Dictamen aprobado se hace un análisis de tres iniciativas presentadas por distintos legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, donde se propone la reforma a los artículos relativos a los trabajadores eventuales del campo (234, 237, 237 A, 237 B, 237 C, 237 D, 237 E, 237 F, 237 G, 237 H, 238, 239, 239 A, 239 B y 239 C). Queda firme el artículo 5 A que establece la temporalidad no mayor de 28 semanas para los trabajadores eventuales del campo. Los Decretos Presidenciales no tenían el carácter de obligatorios, al conceder facilidades fiscales a los productores; en caso de ser aprobada la Minuta por el Senado, tendría el carácter de obligatoria para todos los productores del campo, al ser unas disposiciones que con su vigencia, tendrían que acatar todos los productores del campo.

Las iniciativas coinciden, con los Decretos Presidenciales en señalar un salario de cotización equivalente a 1.68 veces el salario mínimo diario general vigente de la zona geográfica de que se trate, siempre que el salario efectivamente percibido por el trabajador no sea inferior a ese porcentaje.

No se concede la ventaja que había pugnado el Consejo Nacional Agropecuario, para que el Estado pudiera pagar el seguro de enfermedad y maternidad. Nuestra opinión siempre fue en el sentido de que los productores, dada la naturaleza de los trabajadores eventuales del campo, cubrieran únicamente el seguro de enfermedad y maternidad y quedaran liberados del pago de los otros cuatro seguros, así como del 1% que establece el artículo 25 de la Ley del Seguro Social.

En la Minuta se observa que entre las obligaciones de los patrones del campo, se encuentra la de inscribir a los trabajadores eventuales (artículo 237 B), proporcionando en una relación el nombre completo y el número de seguridad social; cuando no se tenga la afiliación, deberá precisarse para que el seguro los inscriba; además, deberá entregar a cada trabajador, al término de la relación laboral, una constancia donde se señale el periodo laborado durante el ciclo de cultivo y el salario del trabajador.

La Minuta no toma en cuenta la naturaleza de los trabajadores eventuales del campo, así como las dificultades de los patrones para poder identificar a sus trabajadores, sobre todo en las zonas sur, sureste, norte y noroeste del país, donde son fundamentalmente personas migrantes que carecen de cualquier tipo de documentación.

Se vuelve a señalar, como en 2005, que si el Instituto no cuenta con instalaciones para proporcionar servicio médico y de guardería a los trabajadores, podrá convenir con los patrones y con sus representantes que éstos los otorguen sujetando el pago de reembolsos a las disposiciones que al efecto expida el Consejo Técnico del Instituto.

Aun cuando sea aprobada la Minuta en sus términos, la misma no podrá entrar en operación hasta que el Ejecutivo Federal emita el o los Reglamentos que sean necesarios; también el Consejo Técnico del Instituto debe expedir las reglas de carácter general y los acuerdos que le den operatividad completa a la reforma.

Los productores agrícolas que así lo determinen pueden interponer demanda de amparo, solo en aquellos casos en que estén dados de alta como patrones y cuenten con trabajadores eventuales del campo. Insisto en la recomendación de que aquellos patrones que no estén registrados se abstengan de hacerlo, hasta que alguna subdelegación del Instituto les presente oficio de requerimiento o les finque alguna responsabilidad.

Los productores que ya están cautivos por el Instituto, pueden estimar que existen medios legales de defensa para interponer amparo contra la vigencia de estas reformas. Además, cuando el seguro social finque alguna responsabilidad, puede interponerse un recurso de inconformidad y un juicio de nulidad. Se les recomienda que no lleven a cabo movimiento alguno en las subdelegaciones del Instituto que pueda comprometer su situación como patrones.

II. ESTIMACIÓN DE LA CUOTA A PAGAR.

Las empresas que se encuentren en la zona geográfica “A” tienen un salario mínimo de $54.80; calculado al 1.68, el resultado es $92.06. Las empresas ubicadas en la zona geográfica “B” tienen un salario mínimo de $53.26, estimado al 1.68, sería de $89.47. Las empresas ubicadas en la zona geográfica “C” tienen un salario mínimo de $51.96, calculado a l.68, el resultado sería de $87.27. Las empresas de estas zonas que pagaran a los trabajadores un salario inferior, tendrán que cotizar sobre el salario real de cada trabajador.

De las empresas con las que este despacho tiene contacto, se ubican en la zona “A” todas las de Baja California, Baja California Sur, además del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Las empresas que se ubiquen en la zona “B”, son de Caborca, Cajeme y Hermosillo. Las que están ubicadas en la zona “C” son las del estado de Sinaloa.

A continuación se presenta un estimado de lo que les correspondería pagar aproximadamente en el supuesto de que fuera aprobada la Minuta de la Cámara de Diputados.

Este día he comenzado a buscar videos relacionados con la Seguridad Social, el primero que he encontrado has sido este de youtube. Es corto y sencillo, espero que les guste. Se aceptan comentarios.

Todos tenemos el derecho de tener accesible viviendas, medicina, educación, cuidados infantiles, suficiente dinero para vivir o ayuda medica si estamos enfermos o ancianos. Este es el derecho huimano número 22 de los 30 derechos humanos que tenemos.